Ford alerta sobre avance de los autos eléctricos chinos y su impacto en Estados Unidos

Ford encendió las alarmas sobre el avance de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Norteamérica. Mientras Jim Farley pide frenar su entrada a Estados Unidos, la automotriz también intenta aprender de BYD para lanzar un modelo eléctrico más asequible y competitivo.***

• Jim Farley aseguró que China tiene capacidad suficiente para abastecer toda la demanda automotriz de Estados Unidos.

• BYD duplicó sus ventas en México y ya concentra cerca de 7 de cada 10 vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos en ese mercado.

• Ford busca responder con un nuevo plan para fabricar un vehículo eléctrico de alrededor de USD $30.000.

🚨 Ford en alerta por el avance de autos eléctricos chinos en EE. UU. 🚨

Jim Farley advierte que China tiene capacidad para cubrir toda la demanda automotriz en USA.

El CEO está preocupado por el impacto económico del ingreso de estos vehículos.

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Ford elevó el tono frente al crecimiento de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. Su CEO, Jim Farley, advirtió que la capacidad industrial de China y el respaldo estatal a sus automotrices representan una amenaza seria para la manufactura y para la estructura económica de Estados Unidos.

El ejecutivo hizo estas declaraciones durante una entrevista en Fox & Friends, donde defendió la posición de Ford frente a los costos arancelarios al destacar que el 83% de los vehículos que la empresa vende en Estados Unidos se ensamblan localmente. A partir de allí, la conversación giró hacia el avance de las marcas chinas en el segmento eléctrico.

Farley afirmó que China tiene suficiente capacidad para cubrir toda la fabricación y todas las ventas de vehículos en Estados Unidos. Desde su perspectiva, permitir el ingreso de esos autos al mercado estadounidense tendría un fuerte costo económico para el país.

“No deberíamos dejarlos entrar en nuestro país por el impacto económico”, dijo Farley. Luego añadió que la manufactura es “el corazón y el alma” de Estados Unidos, y sostuvo que perder esa base industrial a causa de las exportaciones chinas sería devastador. También aseguró que no existe manera de considerar este escenario como una competencia justa.

El trasfondo de esta preocupación es el tamaño del mercado global de vehículos eléctricos. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía citados en la nota original, China vendió 6,4 millones de vehículos eléctricos en 2024, muy por delante de Europa con 2,2 millones, Estados Unidos con 1,2 millones y el resto del mundo con 1 millón.

Aunque los autos chinos no pueden venderse en Estados Unidos, sí tienen acceso a Canadá y México. Para Ford, esto crea un problema estratégico inmediato, ya que la compañía puede observar desde muy cerca cómo marcas como BYD ganan terreno en mercados vecinos con ofertas de menor precio.

El avance de BYD en México agrava las preocupaciones

México se ha convertido en un caso de estudio para la industria automotriz regional. Pese a que el gobierno mexicano elevó las barreras comerciales para los vehículos chinos, los autos nuevos de bajo costo han seguido captando participación en el mercado local de eléctricos.

Según un informe reciente de Bloomberg citado en la historia base, BYD duplicó su volumen de ventas en México el año pasado. La marca ya representa alrededor de 7 de cada 10 vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos en el país, un dato que muestra la magnitud de su expansión.

La situación contrasta con el desempeño de otros fabricantes. General Motors, que produce tres vehículos eléctricos en México, sin contar el Spark EUV fabricado en China, vendió apenas 1.540 vehículos eléctricos en ese país durante el año pasado.

Ford también enfrenta limitaciones. La empresa fabrica el Mustang Mach-E en México, pero lo vende allí con un sobreprecio de USD $10.000 frente a su precio en Estados Unidos. Incluso Tesla, que sigue siendo una referencia en el sector, vendió menos de 4.000 vehículos eléctricos en México en 2024, también según Bloomberg.

Una de las claves del avance de BYD es el precio. En México, sus vehículos se comercializan entre USD $18.000 y USD $53.000 en el extremo más alto, cifras que les permiten competir con fuerza en un mercado sensible al costo de entrada.

Farley vinculó esa ventaja con el apoyo estatal que reciben las automotrices chinas. Según dijo, existen más de 100 compañías automotrices en China con un “enorme apoyo directo”, en un entorno donde el mercado local es de 29 millones de unidades y la capacidad de producción en los países donde fabrican supera los 50 millones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó una ley que elevó los aranceles a China y a todos los países sin acuerdo comercial con México hasta el 50%. Sin embargo, los concesionarios de BYD dijeron que la firma no subiría los precios en más de MXN $15.000 por unidad, es decir, menos de USD $1.000, de acuerdo con la información citada en la historia original.

Ford critica a China, pero también toma nota de su eficiencia

La postura de Ford combina crítica y aprendizaje. Mientras Farley denuncia que la competencia con China no es equitativa, la empresa también reconoce que parte de la respuesta pasa por reducir radicalmente sus costos y aproximarse al modelo de eficiencia que ha permitido a BYD escalar con rapidez.

Ese cambio de enfoque responde a una realidad incómoda para todo el sector. En Estados Unidos, los vehículos eléctricos siguen siendo mucho más costosos que sus equivalentes de combustión interna. Un informe de 2023 citado en la nota indica que el precio promedio de un vehículo eléctrico supera en unos USD $11.000 al de un modelo tradicional de gasolina.

A esto se suma la expiración del crédito fiscal de hasta USD $7.500 que durante una década ayudó a sostener a la industria. Con ese apoyo fuera del panorama, los vehículos eléctricos han perdido accesibilidad para muchos consumidores estadounidenses.

Ford ya había reconocido las dificultades financieras de su apuesta eléctrica. La compañía dijo que perderá casi USD $20.000 millones en cargos relacionados con vehículos eléctricos durante los próximos dos años, una cifra que refleja la magnitud del reto de sostener la transición sin una estructura de costos más competitiva.

Hace dos años, además, Ford compartió planes para reducir en un 35% su capacidad de producción de vehículos eléctricos. Ese ajuste mostró que el mercado no absorbía al ritmo esperado los modelos de mayor precio, en especial dentro de los segmentos de USD $50.000, USD $60.000 y USD $70.000.

En una entrevista del 15 de diciembre, Farley resumió ese problema con claridad. Dijo que los vehículos eléctricos de gama alta simplemente no estaban vendiéndose, una señal de que la próxima etapa de crecimiento del mercado depende menos del lujo y más de la asequibilidad.

La apuesta de Ford por un vehículo eléctrico de USD $30.000

La respuesta de la automotriz pasa por Kentucky. Farley aseguró en Fox & Friends que Ford ya ha avanzado en su objetivo de desarrollar vehículos eléctricos asequibles que puedan competir de forma más directa con los fabricantes chinos.

La compañía mostró a principios de este año su progreso en el proyecto Universal Electric Vehicle, una iniciativa diseñada para crear un modelo con un precio que la mayoría de los estadounidenses pueda pagar. El propio Farley admitió el mes pasado ante Bloomberg que la inspiración para este programa provino de BYD.

“Creemos que para hacer rentable ese negocio, tenemos que llegar a un costo tipo BYD”, dijo el CEO. Añadió que el proyecto skunkworks llamado Universe Electric Vehicle, que Ford desarrolla en Kentucky, está diseñado específicamente para igualar el costo de BYD en México.

La meta declarada por la empresa es producir un vehículo eléctrico de USD $30.000 en un futuro cercano. Lograrlo exige atacar el componente más costoso del automóvil eléctrico: la batería.

Ford calcula que la batería puede representar hasta el 40% del costo total del vehículo. Por eso, la empresa dice haber reinventado su tecnología de baterías para hacerlas más pequeñas y más eficientes en costos, en un intento por mejorar márgenes y reducir el precio final al consumidor.

Más allá del discurso político y comercial, el mensaje de Ford deja ver una presión competitiva real. La empresa no solo teme el efecto de una expansión china sobre la manufactura estadounidense, sino que ya está adaptando su estrategia para sobrevivir en un mercado donde el liderazgo dependerá cada vez más de producir barato, rápido y a gran escala.

México: Suprema Corte avala a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. El fallo refuerza las herramientas del Estado mexicano, pero también reabre la discusión sobre propiedad, debido proceso y seguridad jurídica.

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• La SCJN avaló por mayoría de 6 votos la constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

• El congelamiento fue definido como una medida cautelar administrativa y preventiva, no como una sanción penal.

• Las personas afectadas podrán impugnar el bloqueo mediante audiencia ante la UIF y revisión posterior en tribunales.

🚨 La Suprema Corte de México avala a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial.

La medida se activa ante indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

El fallo establece que el congelamiento es administrativo y preventivo.

Las personas afectadas… pic.twitter.com/mgFLBye8sc

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera, conocida como UIF, puede congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

La decisión consolida una facultad clave del aparato antilavado mexicano y modifica el alcance práctico de los controles judiciales sobre este tipo de medidas.

La UIF es un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Hacienda. Su función principal es detectar operaciones inusuales, rastrear posibles flujos de dinero ilícito y coordinar acciones para prevenir que recursos de origen presuntamente ilegal circulen por el sistema financiero formal.

El fallo deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, promovida contra la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en marzo de 2022. Con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, el pleno concluyó que dicha modificación es compatible con la Constitución.

La resolución fue presentada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. A su postura se sumaron Hugo Aguilar, Lenia Batres, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías y Estela Ríos. En contra votaron Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, quienes advirtieron riesgos para la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.

Qué decidió la Corte y por qué importa

El punto central del fallo consiste en que el bloqueo de cuentas no fue considerado una sanción penal. La mayoría de la Corte sostuvo que se trata de una medida cautelar administrativa, preventiva y temporal, diseñada para proteger al sistema financiero y evitar que los recursos sospechosos sigan moviéndose mientras se revisa su origen.

Esa diferencia jurídica es decisiva. Si el congelamiento fuera interpretado como castigo penal, la autoridad tendría que obtener control judicial previo. Al ubicarlo dentro del ámbito administrativo, la UIF queda facultada para actuar de forma directa, siempre que existan indicios suficientes sobre posibles delitos financieros.

La sentencia también se aparta del criterio sostenido por una integración anterior de la Corte. Bajo esa jurisprudencia, el bloqueo inmediato de cuentas sin orden judicial solo procedía cuando mediaba una solicitud expresa de una autoridad extranjera. El nuevo criterio elimina esa restricción y amplía el margen de acción de la UIF dentro del territorio nacional.

Según la resolución, limitar el bloqueo a una petición de autoridades extranjeras generaba un obstáculo innecesario para las funciones de investigación y prevención. Bajo esa lógica, la mayoría concluyó que imponer esa barrera podía dificultar o incluso impedir la respuesta rápida frente a operaciones presuntamente ilícitas.

Argumentos a favor de la reforma

Quienes respaldaron la constitucionalidad de la norma afirmaron que la medida no prejuzga sobre la culpabilidad de la persona afectada. En otras palabras, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas o la inmovilización de recursos no equivale a una condena ni sustituye las investigaciones penales que, en su caso, correspondan a otras autoridades.

La mayoría también sostuvo que el mecanismo sí contempla posibilidades de defensa. De acuerdo con ese criterio, las personas afectadas pueden ofrecer pruebas, exponer argumentos y exigir que la UIF emita una resolución fundada y motivada. Además, esa decisión puede ser impugnada ante los tribunales.

Otro elemento relevante es que la propia discusión judicial subrayó que los “indicios suficientes” mencionados en la ley no pueden ser vagos. Los ministros que apoyaron el proyecto señalaron que esos indicios deben apoyarse en elementos objetivos, verificables y revisables, para evitar que cualquier señalamiento de mala fe termine provocando un bloqueo arbitrario.

En esa línea, el abogado fiscal Luis Pérez de Acha señaló en la red X que la medida es congruente con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México forma parte. A su juicio, el país está obligado a congelar activos de forma inmediata y a actuar con rapidez ante sospechas de lavado de dinero.

Las objeciones de la minoría

Los ministros que votaron en contra no defendieron la impunidad, pero sí cuestionaron que una afectación patrimonial de este calibre pueda imponerse sin supervisión judicial previa. A su juicio, la medida puede abrir la puerta a discrecionalidad, arbitrariedad y vulneraciones constitucionales si no existen límites más estrictos desde el inicio del procedimiento.

La ministra Yasmín Esquivel expresó que no debe sacrificarse la seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios. En su razonamiento, el combate a las finanzas ilícitas no puede desplazar garantías básicas de las personas usuarias del sistema bancario.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa sostuvo que la resolución impone una práctica propia del proceso penal sin las garantías que rigen ese ámbito. Según su argumento, impedir por tiempo indefinido el uso de los recursos depositados en cuentas bancarias puede equivaler en los hechos a una privación de la propiedad.

Desde la óptica de los legisladores que promovieron la acción de inconstitucionalidad, la reforma aprobada en 2022 era imprecisa, vaga y ambigua. También alegaron que, al activarse por la presunción de delitos, el bloqueo de cuentas se acerca demasiado al ámbito penal y podría invadir competencias reservadas al Ministerio Público.

Qué pueden hacer las personas afectadas

Aunque la UIF ya no necesitará autorización judicial previa para ordenar el congelamiento, la Corte estableció que debe existir un mecanismo de defensa posterior. Tras el bloqueo, la persona afectada debe ser notificada y podrá solicitar una audiencia ante la propia UIF para cuestionar la legalidad de la medida y del origen presuntamente ilícito de los fondos.

En esa audiencia, el titular de la cuenta podrá presentar pruebas y argumentos. La autoridad, a su vez, deberá resolver en plazos definidos si mantiene o retira el bloqueo. La validez del acto dependerá de que esté sustentado en indicios claros y verificables, no en simples sospechas sin respaldo objetivo.

Después de esa etapa administrativa, también será posible acudir a tribunales. El control judicial, por tanto, no desaparece, pero cambia de momento. En vez de operar antes del congelamiento, entrará después de la decisión de la UIF, cuando un juez revise de fondo si la inmovilización debe mantenerse o ser revocada.

Este rediseño del proceso ocurre además en un entorno legal más restrictivo para quienes buscan frenar medidas de la UIF. El País reportó que, tras la reforma a la Ley de Amparo aprobada el año pasado, los jueces ya no pueden conceder suspensiones a los sujetos afectados por estos congelamientos. Eso endurece el contexto para empresas y particulares que intenten recuperar acceso inmediato a sus recursos.

Implicaciones más amplias para México

La decisión fortalece de manera clara las herramientas del Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También envía una señal de alineación con estándares internacionales de acción rápida frente a movimientos sospechosos dentro del sistema financiero.

Sin embargo, el fallo deja abierto un debate sensible. El equilibrio entre eficacia regulatoria y derechos fundamentales seguirá bajo escrutinio, sobre todo en un país donde las medidas precautorias pueden tener efectos económicos severos para personas y compañías, incluso antes de que exista una determinación judicial definitiva.

Para sectores vinculados con finanzas digitales, pagos, criptoactivos y cumplimiento regulatorio, el mensaje es relevante. Aunque el caso se refiere a cuentas bancarias y a la Ley de Instituciones de Crédito, el endurecimiento del enfoque antilavado en México puede influir en la supervisión de plataformas financieras, proveedores de servicios y actores expuestos a controles de debida diligencia.

Infobae destacó que la resolución mantiene vivo el debate sobre el equilibrio entre las herramientas del Estado y la protección de los derechos de los usuarios. Esa tensión, lejos de cerrarse, probablemente marcará futuras discusiones judiciales y regulatorias sobre hasta dónde puede llegar la acción preventiva de las autoridades financieras mexicanas.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA