Fundador de proyecto SocialFi en Solana es arrestado por cargos de agresión en Nueva York

El fundador de Believe y también conocido por lanzar Simulate, Ben Pasternak, fue arrestado en Nueva York y enfrenta cargos de estrangulamiento y agresión. El caso suma presión sobre un proyecto cripto ya golpeado por el desplome de su token y una demanda colectiva por presuntas prácticas engañosas.

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• Ben Pasternak fue arrestado en Nueva York y se declaró no culpable de cargos de estrangulamiento y agresión.

• Believe, plataforma SocialFi basada en Solana, ya venía bajo presión tras la caída de más de 99% de su token.

• El caso penal avanza por separado de la demanda colectiva que acusa al proyecto de rug pulls y promociones engañosas.

🚨 Arresto impactante en el mundo de cripto 🚨

Ben Pasternak, fundador de Believe en Solana, fue arrestado en NY.

Enfrenta cargos de estrangulamiento y agresión.

Este escándalo se suma a la caída del 99% de su token y a una demanda colectiva por prácticas engañosas.

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Ben Pasternak, el emprendedor australiano de 26 años y fundador del proyecto de criptomonedas Believe, fue arrestado esta semana en Nueva York y ahora enfrenta cargos penales por estrangulamiento y agresión.

El caso ha atraído atención adicional porque Pasternak también es conocido por haber lanzado Simulate, una empresa de nuggets de pollo de origen vegetal que ganó notoriedad durante el auge de los alimentos alternativos.

De acuerdo con registros judiciales públicos del sistema penal de Nueva York y con reportes citados por medios como AFR y Yahoo Finance, el arresto ocurrió el martes y está relacionado con un presunto incidente sucedido el 31 de marzo. Pasternak se declaró no culpable y su próxima comparecencia judicial quedó programada para el 11 de junio.

La noticia no solo impacta su perfil como fundador serial de startups. También agrega incertidumbre sobre Believe, una plataforma SocialFi basada en Solana que ya atravesaba una crisis severa por el derrumbe de su token, además de una demanda colectiva en la que inversionistas alegan supuestos rug pulls, migraciones forzadas de tokens y promociones engañosas.

Los cargos contra Ben Pasternak

Según la información disponible en los documentos judiciales, Pasternak enfrenta un cargo de estrangulamiento en segundo grado y dos cargos de agresión con intención de causar lesiones físicas. Otro reporte resume el caso en dos grandes categorías penales: estrangulamiento en segundo grado y agresión en tercer grado, ambas vinculadas a un presunto episodio doméstico con daño físico.

El cargo principal, estrangulamiento en segundo grado, está clasificado como delito grave violento. Según la cobertura citada, esa acusación puede conllevar una pena máxima de hasta siete años de prisión. También se indicó que, al tratarse de un delito grave de Clase D, podría implicar una pena mínima obligatoria de dos años en caso de condena.

Además, las sanciones potenciales incluirían multas de hasta USD $5.000 y restitución de hasta USD $15.000. En paralelo, el cargo de agresión en tercer grado fue descrito como un delito menor de Clase A, con una pena máxima de hasta un año de cárcel, aunque un juez también podría optar por libertad condicional o una sentencia alternativa.

Pasternak se declaró no culpable tras ser procesado. Por ahora, no hay resolución judicial sobre el fondo del asunto. Expertos legales citados en la cobertura señalan que una acusación por delito grave violento puede tener consecuencias personales y profesionales duraderas, aun cuando el caso siga su curso por separado de cualquier disputa civil relacionada con sus negocios.

Del auge de Simulate al foco sobre Believe

La trayectoria pública de Pasternak se había construido en torno a su imagen de fundador joven y prolífico. En la prensa generalista fue presentado como un emprendedor australiano en serie y como nieto del acaudalado promotor inmobiliario de Sídney Bob Magid. Su nombre también quedó asociado a Simulate, la firma de nuggets vegetales lanzada durante el apogeo de la llamada carne falsa.

Sin embargo, dentro del sector cripto, el foco reciente se desplazó hacia Believe, una plataforma que opera sobre Solana y se presenta como una propuesta SocialFi diseñada para facilitar la creación y el intercambio de tokens. Su promesa central es permitir que usuarios lancen activos digitales desde publicaciones en redes sociales, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Para ello, Believe utiliza una interfaz sin código conectada a curvas de vinculación que alimentan fondos de liquidez automatizados. Esa combinación ayudó a darle tracción en una fase inicial, en un contexto donde el mercado mostró fuerte apetito por productos de lanzamiento rápido, tokens sociales y narrativas especulativas impulsadas por comunidades online.

El proyecto no siempre se llamó Believe. Antes operaba bajo la marca Clout y fue rebautizado a comienzos de 2025. Durante su primera etapa de expansión, su token alcanzó un máximo histórico de USD $0,3569 en mayo. En su punto más alto, la plataforma registró más de USD $6.000 millones en volumen de negociación y generó USD $54 millones en comisiones.

El desplome del token y la demanda colectiva

Esa etapa de crecimiento quedó atrás. Según los datos recogidos en la cobertura, el token de Believe se ha desplomado más de 99% desde su máximo y ahora cotiza cerca de USD $0,00075. Ese retroceso por sí solo ya representaba una señal de deterioro grave para la confianza de usuarios e inversionistas.

A la caída del precio se sumó una demanda colectiva independiente. En esa acción legal, los demandantes acusan al proyecto de haber incurrido en prácticas engañosas, entre ellas migraciones forzadas de tokens y promociones que habrían inducido a error a los participantes del mercado. Los inversionistas sostienen que las pérdidas acumuladas ascienden a cientos de millones de dólares.

La combinación de litigio civil, pérdida de valor del token y ahora problemas penales de su fundador coloca a Believe en una posición especialmente delicada. En el ecosistema cripto, los proyectos muy ligados a la figura de su creador suelen experimentar movimientos bruscos en confianza, liquidez y actividad cuando aparecen controversias legales o reputacionales.

En este caso, además, la situación alimenta dudas sobre la continuidad del liderazgo. La cobertura advierte que el desarrollo del proyecto podría ralentizarse si no existe una dirección clara. También podría aumentar el escrutinio regulatorio sobre plataformas similares de tipo launchpad, especialmente aquellas que simplifican la emisión de tokens para usuarios masivos.

Qué significa esto para el ecosistema de Solana y SocialFi

Para lectores menos familiarizados con el sector, SocialFi es una categoría que mezcla redes sociales, incentivos financieros y herramientas cripto. En teoría, busca convertir la actividad social en valor económico mediante tokens, comunidades y mecanismos de mercado. En la práctica, varios de estos modelos han quedado expuestos a volatilidad extrema y a riesgos de diseño, gobernanza y promoción.

Believe encajó en esa narrativa al ofrecer un sistema de lanzamiento sencillo y sin código. Esa facilidad ayudó a expandir su uso en una etapa de entusiasmo. Pero también elevó las preocupaciones habituales sobre calidad de los proyectos emitidos, incentivos de corto plazo y capacidad de protección para usuarios minoristas que se mueven por expectativa o hype.

El arresto de Pasternak no define por sí mismo el desenlace judicial ni determina automáticamente la responsabilidad del proyecto en las reclamaciones civiles. Aun así, el episodio llega en un momento de máxima fragilidad para Believe. Cuando un ecosistema ya enfrenta pérdidas profundas, cualquier crisis de liderazgo puede acelerar salidas de capital y empeorar la percepción de riesgo.

Por ahora, inversionistas y usuarios siguen atentos a una respuesta oficial del equipo de Believe y a la evolución de la causa en Nueva York. El proceso penal avanzará por su propio carril, mientras el mercado evalúa el impacto reputacional de los hechos sobre una plataforma que alguna vez movió miles de millones de dólares y que hoy intenta sobrevivir en medio de una severa pérdida de confianza.

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Sam Bankman-Fried retira solicitud para nuevo juicio, pero insiste en apartar al juez Kaplan de su caso

Sam Bankman-Fried retiró su solicitud de un nuevo juicio en el caso penal por el colapso de FTX, pero mantiene su intento de que otro juez evalúe esa petición en el futuro, mientras continúa la apelación contra su condena y sentencia de 25 años de prisión.***

• Bankman-Fried dijo que es el autor final de la carta enviada desde prisión, aunque consultó con sus padres y abogados.

• El exCEO de FTX retiró sin perjuicio su moción bajo la Regla 33 para un nuevo juicio.

• Su apelación ante el Segundo Circuito y su pedido de reasignación del caso a otro juez siguen pendientes.

Sam Bankman-Fried, exCEO de FTX y figura central en uno de los mayores escándalos de la industria cripto, retiró su moción para obtener un nuevo juicio en su caso penal federal en Estados Unidos. Sin embargo, la decisión no cierra por completo ese frente legal, ya que dejó abierta la posibilidad de reactivar la solicitud más adelante, una vez se resuelva su apelación directa y un pedido relacionado para que otro juez se encargue del asunto.

La novedad surgió a partir de una presentación realizada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Allí, Bankman-Fried respondió a una carta emitida el 23 de marzo por el juez Lewis Kaplan, quien le había ordenado aclarar si recibió ayuda de abogados para preparar una moción pro se, es decir, una presentación realizada formalmente en su propio nombre y sin representación letrada.

El caso tiene especial relevancia porque Bankman-Fried cumple una condena de 25 años de prisión por su papel en el uso indebido de fondos de usuarios del exchange de criptomonedas FTX. Su condena se convirtió en uno de los episodios judiciales más emblemáticos del sector, tanto por el tamaño del colapso de la empresa como por el impacto político, financiero y regulatorio que provocó.

Según reportó Cointelegraph, la orden del juez Kaplan se produjo después de que fiscales estadounidenses pusieran en duda si el fundador de FTX había presentado por sí mismo, en marzo, una solicitud de prórroga vinculada a su petición de nuevo juicio. Esa presentación llegó pocos días después de que su madre, Barbara Fried, enviara una carta al tribunal en nombre de su hijo, aunque sin legitimación para hacerlo.

La carta desde prisión y el retiro de la moción

En su nueva carta, Bankman-Fried afirmó que él fue el autor de la respuesta remitida al tribunal, pero reconoció que consultó con sus padres debido a que el tema también los involucraba. Su texto buscó responder directamente a las dudas del juez sobre el origen y la preparación de los documentos presentados desde prisión.

“Soy el autor de esta carta, pero sí consulté con mis padres al respecto, ya que concierne a ambos”, dijo Bankman-Fried, al referirse a la prórroga para presentar una moción bajo la Regla 33 para un nuevo juicio. Esa norma procesal permite pedir un nuevo juicio en determinadas circunstancias, aunque su uso está sujeto a plazos y condiciones estrictas.

El exejecutivo también explicó por qué decidió retirar su solicitud en esta etapa. En su carta sostuvo que tuvo que concentrarse en responder las preguntas del tribunal en vez de redactar una respuesta a la oposición de la fiscalía, y añadió que no creía que fuera a recibir una audiencia justa sobre ese tema ante el juez Kaplan.

En ese contexto, Bankman-Fried expresó: “Como he tenido que concentrarme en responder a estas preguntas en lugar de redactar una respuesta a la oposición de la fiscalía, y como no creo que vaya a obtener una audiencia justa sobre este tema ante usted, solicito ahora retirar la moción bajo la Regla 33, sin perjuicio de renovarla después de que se haya resuelto mi apelación directa y la solicitud relacionada de reasignación”.

La fórmula “sin perjuicio” es importante desde el punto de vista legal. Significa que no renuncia definitivamente a ese argumento, sino que conserva la posibilidad de reactivarlo en el futuro. En otras palabras, su retirada actual es táctica y no necesariamente el cierre de su intento por conseguir un nuevo juicio.

La disputa con el juez Lewis Kaplan

La relación entre la defensa de Bankman-Fried y el juez Lewis Kaplan ya venía mostrando fricciones. En febrero, el exCEO de FTX pidió que un juez distinto resolviera su moción para un nuevo juicio, alegando que Kaplan había mostrado un “prejuicio extremo”. Esa acusación forma parte del esfuerzo más amplio del condenado por cuestionar la imparcialidad del proceso.

Por ahora, la carta publicada en el expediente no parece haber alterado dos asuntos clave que siguen pendientes. Uno es la apelación de la condena y la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito. El otro es la solicitud para que se reasigne a otro juez la eventual evaluación de su pedido de nuevo juicio.

Este doble frente judicial muestra que, aunque retiró una moción concreta, Bankman-Fried mantiene activa una estrategia para impugnar elementos esenciales del caso. El exempresario no solo busca reducir o revertir las consecuencias penales de su condena, sino también cuestionar el marco en el que fue juzgado.

Para lectores menos familiarizados con el proceso, una apelación directa no repite el juicio ni vuelve a valorar toda la evidencia desde cero. En cambio, revisa si hubo errores legales o procesales que puedan justificar la anulación de la condena, un nuevo juicio o una modificación de la sentencia.

El trasfondo del caso FTX

Bankman-Fried fue durante años uno de los rostros más visibles del ecosistema cripto global. Como CEO de FTX, llegó a dirigir uno de los mayores exchanges del mundo y proyectó una imagen de empresario influyente, cercano a círculos políticos y mediáticos en Estados Unidos. Esa reputación colapsó cuando se descubrió el uso indebido de fondos de clientes.

En 2023 fue condenado por fraude y cargos relacionados con el desvío de activos de usuarios. Más tarde recibió una sentencia de 25 años de prisión. La magnitud de la caída de FTX convirtió el caso en una referencia para debates sobre supervisión regulatoria, controles internos en exchanges centralizados y responsabilidad penal de ejecutivos en el sector de activos digitales.

Hasta el miércoles, Bankman-Fried estaba recluido en la Institución Correccional Federal Lompoc I, en California. Desde allí ha seguido participando en el debate público sobre su caso mediante entrevistas y publicaciones en redes sociales, algo que ha llamado la atención por tratarse de un condenado de alto perfil aún inmerso en procesos legales en curso.

Ese comportamiento público ha contribuido a mantener el caso en la conversación más allá del ámbito judicial. También ha dado pie a especulaciones sobre su estrategia de comunicación y sobre si intenta influir en la opinión pública, en sectores políticos o incluso en escenarios ligados a un eventual perdón presidencial.

El ruido político y la idea de un indulto

Tras su encarcelamiento, Bankman-Fried ha dado señales de querer buscar un indulto presidencial de Donald Trump. Entre otros movimientos, su petición de nuevo juicio incluyó acusaciones de que el Departamento de Justicia bajo el expresidente Joe Biden “amenazó a múltiples testigos para que guardaran silencio o cambiaran su testimonio” durante el proceso penal.

Además, ha difundido mensajes favorables a políticas cripto impulsadas por Trump y a acciones militares del presidente en Irán. Esas posturas alimentaron la percepción de que intentaba alinear su discurso público con el entorno político del actual mandatario, posiblemente con la expectativa de mejorar sus opciones de obtener clemencia.

Sin embargo, ese camino no luce despejado. En una entrevista de enero con The New York Times, Trump dijo que no tenía intención de indultar al exCEO de FTX. Esa declaración, al menos por ahora, enfría la posibilidad de una salida política inmediata para Bankman-Fried, aunque no elimina la especulación en torno a sus movimientos públicos.

En conjunto, la retirada de la moción para un nuevo juicio no representa un abandono de su ofensiva legal, sino una reconfiguración de tiempos y prioridades. Bankman-Fried sigue apelando su condena, mantiene su rechazo al juez Kaplan y deja abierta la puerta para volver a pedir un nuevo juicio más adelante. Para un caso tan simbólico como el de FTX, cada paso procesal sigue siendo observado de cerca por la industria cripto y por el sistema judicial estadounidense.

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Nueva York e Illinois prohíben a funcionarios usar información privilegiada en mercados de predicción

Nueva York e Illinois avanzaron para impedir que empleados del gobierno aprovechen información no pública en mercados de predicción, una decisión que refleja el creciente escrutinio sobre estas plataformas y sus riesgos éticos en Estados Unidos.***

• Nueva York e Illinois adoptaron medidas para prohibir a empleados públicos usar información privilegiada en mercados de predicción.

• La decisión apunta a cerrar vacíos éticos en plataformas donde se negocian eventos políticos, regulatorios y económicos.

• El movimiento suma presión sobre un sector que gana visibilidad mientras crecen los debates sobre supervisión y conflictos de interés.

🚨 Nueva York e Illinois prohíben a funcionarios usar información privilegiada en mercados de predicción 🚨

Ambos estados buscan cerrar vacíos éticos en plataformas que negocian eventos políticos y económicos.

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Los estados de Nueva York e Illinois dieron un paso relevante en el debate sobre la integridad de los mercados de predicción al prohibir que empleados del gobierno utilicen información privilegiada para operar en estas plataformas. La medida busca evitar que funcionarios o trabajadores con acceso a datos sensibles obtengan ventajas indebidas al apostar sobre eventos futuros.

La decisión llega en un momento en que los mercados de predicción ganan notoriedad en Estados Unidos. Estas plataformas permiten negociar contratos vinculados a la probabilidad de que ocurra un hecho específico, desde resultados electorales hasta decisiones regulatorias, indicadores económicos o hitos judiciales.

El problema para los reguladores y autoridades éticas es evidente. Si un empleado público conoce con antelación una decisión oficial, un movimiento legislativo o una acción administrativa con potencial de alterar las probabilidades de un mercado, podría beneficiarse antes de que la información llegue al público general.

De acuerdo con la información publicada por Decrypt, Nueva York e Illinois adoptaron restricciones dirigidas a impedir precisamente ese tipo de conducta. La noticia coloca a ambos estados entre los primeros en abordar de forma directa el uso de información interna del sector público dentro del ecosistema de los mercados de predicción.

Por qué importa la medida

Los mercados de predicción han sido defendidos por algunos analistas como herramientas útiles para agregar información dispersa y generar señales sobre la probabilidad de eventos complejos. Sin embargo, su crecimiento también ha despertado dudas sobre manipulación, transparencia y conflictos de interés.

En el caso de empleados gubernamentales, el conflicto es especialmente sensible. A diferencia de un inversionista común, un funcionario puede tener acceso temprano a borradores, decisiones no anunciadas, datos preliminares o deliberaciones internas que afecten de forma inmediata el precio de un contrato.

Ese riesgo se parece, en términos éticos, al uso de información privilegiada en los mercados financieros tradicionales. Aunque los mercados de predicción tienen una naturaleza distinta a la compraventa de acciones o bonos, la lógica del beneficio injusto por acceso exclusivo a información material es comparable.

La intervención de Nueva York e Illinois sugiere que los estados comienzan a tratar estas plataformas no solo como espacios de apuestas o experimentación financiera, sino también como entornos donde pueden surgir incentivos problemáticos para servidores públicos y personas con deberes fiduciarios.

Un debate más amplio sobre regulación y ética

La noticia también refleja un fenómeno más grande. A medida que los mercados de predicción se expanden y tocan temas políticos, legales y económicos de alto impacto, las fronteras entre análisis, especulación y conflicto ético se vuelven más difusas.

En teoría, estas plataformas pueden ofrecer información valiosa sobre expectativas colectivas. En la práctica, cuando participan personas con acceso a información no pública, la calidad del mercado puede verse distorsionada. Además, se erosiona la confianza en que los precios reflejan opinión agregada y no ventajas informativas reservadas a una minoría.

Para el sector cripto y Web3, el tema tiene una resonancia adicional. Muchos mercados de predicción modernos operan con infraestructura blockchain o se relacionan con comunidades de activos digitales que promueven apertura, desintermediación y acceso global. No obstante, la transparencia tecnológica no elimina por sí sola los dilemas sobre conducta ética.

El caso de Nueva York e Illinois muestra que, incluso en entornos digitales innovadores, las reglas de integridad pública siguen siendo centrales. La sofisticación de una plataforma no sustituye la necesidad de límites claros sobre quién puede participar, bajo qué condiciones y con qué tipo de información.

Qué buscan evitar Nueva York e Illinois

La prohibición está orientada a impedir que empleados públicos conviertan su posición institucional en una ventaja de mercado. Si una persona sabe antes que el resto que una agencia publicará cierta decisión, que una oficina estatal tomará una acción concreta o que un proceso regulatorio avanzará en determinada dirección, podría operar con una probabilidad de acierto artificialmente elevada.

Eso no solo generaría ganancias potencialmente indebidas. También abriría preguntas sobre la conducta del funcionario, la protección de información reservada y la confianza del público en las instituciones. En escenarios extremos, incluso podría incentivar filtraciones selectivas o comportamientos diseñados para influir sobre contratos abiertos.

En ese sentido, la respuesta de ambos estados busca actuar antes de que el problema se normalice. La idea parece ser cerrar un vacío normativo en una industria emergente, donde la velocidad del desarrollo tecnológico suele superar la capacidad de reacción de marcos éticos y regulatorios más tradicionales.

Aunque el enfoque está puesto en trabajadores del gobierno, la discusión podría extenderse a otros actores con acceso privilegiado a datos sensibles. Asesores, contratistas, consultores o participantes de procesos regulatorios también podrían quedar bajo creciente escrutinio si los mercados de predicción siguen expandiendo su influencia.

Un sector en crecimiento bajo mayor vigilancia

La decisión de Nueva York e Illinois probablemente será observada de cerca por otras jurisdicciones de Estados Unidos. Si más estados consideran que existe un riesgo real de abuso informativo, podrían aparecer reglas similares o lineamientos éticos específicos para empleados públicos y otros participantes vinculados al Estado.

También es posible que la medida alimente un debate más amplio sobre cómo clasificar estos mercados y qué organismos deben supervisarlos. Dependiendo de la estructura del contrato, la plataforma y el activo utilizado, las implicaciones pueden rozar áreas de juego, derivados, cumplimiento financiero y ética pública.

Para los defensores del sector, el reto será demostrar que estos mercados pueden desarrollarse sin convertirse en espacios donde la información no pública tenga un valor explotable para insiders. Para los reguladores, el desafío será establecer controles proporcionados sin bloquear por completo una herramienta que algunos consideran útil para medir expectativas colectivas.

Por ahora, la señal política es clara. Nueva York e Illinois quieren impedir que quienes sirven al Estado apuesten con ventaja en mercados cuyo valor depende, precisamente, de decisiones e información que muchas veces pasan primero por manos gubernamentales.

La medida no resuelve por sí sola todas las preguntas sobre el futuro de los mercados de predicción. Sin embargo, sí marca un precedente importante: cuando el acceso a información reservada se cruza con incentivos financieros, la innovación deja de ser solo una cuestión tecnológica y pasa a ser también un asunto de ética pública y confianza institucional.

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